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La P-30 y el desperdicio

Vilma Ibarra vilma.ibarra@gmail.com | Miércoles 11 junio, 2014


Una lección clara para el nuevo Gobierno de que no se puede festinar el capital político haciendo tonterías sin sentido

Hablando Claro

La P-30 y el desperdicio

A mediados de la administración anterior, en los aciagos días en que caía el ministro Herrero por un escándalo mediático, la presidenta Laura Chinchilla emitió la directriz P-30 que instaba a la Procuraduría a buscar que en los ilícitos fiscales no solo se persiguiera el pago de las deudas, sino también la pena privativa de libertad como sanción social.
Un enunciado de política gubernamental contra la evasión.
Si bien es cierto hay diez grandes empresas en litigios por defraudación, la P-30 tuvo y sigue teniendo el nombre de La Nación, que no ha resuelto un diferendo de una década por el pago de impuestos de unas rotativas que transó y que alcanza dos mil millones de colones.
Era un secreto a voces entonces (y una declaración expresa de la exmandataria hoy) que su distanciamiento abismal con el periódico de Tibás le había pasado factura con un “enorme costo político y mediático”, a punto de perder a varios de sus más cercanos colaboradores de gabinete.
Por tanto, no es de extrañar que haya sido ella una de las más vehementes detractoras de la intempestiva decisión de Hacienda de derogar la P-30 con el propósito (según explicaron en Gobierno no sin antes enredarse varias veces en los mecates de la desarticulación) de intentar recaudar más rápido los dineros que adeudan los evasores mediante arreglos conciliatorios que, claramente, estimularían acuerdos de pago, so promesa de librarse de la más terrible de las sanciones que sin duda sería poner los huesos de algunos de sus más altos ejecutivos en las abarrotadas celdas de nuestro sistema carcelario.
Dicen que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.
El Gobierno debió pasar por un trago amargo de impericia sin ninguna necesidad.
La P-30 era una directriz política. Por tanto, no tenía fuerza de ley y por ende no era de acatamiento obligatorio para la Procuraduría, que en todo caso, nunca debió haber renunciado a sus facultades.
En pocas palabras la P-30 era lo que era. Un mensaje político mediante el que la Administración Chinchilla mostró los dientes a un archienemigo declarado.
Derogar la P-30 era absolutamente innecesario.
Fue, desde nuestro punto de vista, un acto precipitado del Ministerio de Hacienda, que al parecer ni siquiera explicó al mandatario las consecuencias políticas que tenía y que hizo un mal papel diciendo primero que no había tal derogatoria, admitiendo luego que efectivamente él la había firmado, para terminar defendiendo la institución legal de la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos; cuando de lo que se trataba era de un asunto meramente político.
Una lección clara para el nuevo Gobierno de que no se puede festinar el capital político haciendo tonterías sin sentido.
Como haber derogado una directriz política inocua en su existencia pero potencialmente dañina al eliminársela, pues tuvo la capacidad de herir no pocas susceptibilidades. Incluyendo las de una ciudadanía ávida de gestos políticos que le devuelvan la confianza en la gestión de sus autoridades públicas.
Despacio que hay prisa.

Vilma Ibarra

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