Candidatos “juegan con fuego” al retrasar agenda del FMI

Los candidatos presidenciales estarían “jugando con fuego” al retrasar intencionalmente la agenda de nuevos impuestos que propuso el gobierno de Carlos Alvarado al Fondo Monetario Internacional (FMI), según varios analistas consultados por LA REPÚBLICA.

Y es que mientras los aspirantes están a la caza de votos a dos meses de las elecciones presidenciales, Costa Rica enfrentaría el riesgo de ver degradada su calificación de inversión, a la vez que el segundo desembolso del préstamo ampliado por $1.750 millones con el FMI podría detenerse. El aumento del tipo de cambio, la pérdida de confianza de los inversionistas y un mayor desempleo, también serían otras de las consecuencias.

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La oposición a nuevos tributos y el deseo de no caer mal entre los ciudadanos a pocas semanas de los comicios generales, haría que los aspirantes le den prioridad a los votos y no a la estabilidad macroeconómica, dijo Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy.

“Lamentablemente, estamos poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país por intereses electorales. La preocupación de los partidos, los diputados y los candidatos en estos momentos son los votos y no la estabilidad económica”, agregó Corrales, quien señaló a los candidatos por ser los líderes naturales de sus agrupaciones.

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En estos momentos, todos los aspirantes hablan de renegociar el acuerdo con el FMI como es el caso de José María Figueres del PLN, o bien, son contradictorios como Welmer Ramos del PAC, quien apoya el crédito ampliado con el FMI, pero se opone a la agenda de proyectos que se negoció con el organismo multilateral.

Asimismo, también hay aspirantes presidenciales como Fabricio Alvarado de Nueva República, Eli Feinzaig del Liberal Progresista y Lineth Saborío de la Unidad, que rechazan todo nuevo tributo.

La agenda de impuestos en cuestión incluye el cobro de la renta al salario escolar, gravámenes para las casas de lujo -valoradas en ¢133 millones – y la aplicación de la renta global, la cual, implicaría entre otras cosas, que los asalariados que ganen más de ¢700 mil mensuales tengan que pagar un nuevo impuesto.

A esta lista se une también el proyecto de empleo público, el cual, se discutía ayer en el plenario -con posibilidades de votarse en primer debate al cierre de edición -, pero que también se encuentra en medio de una nebulosa por las supuestas ilegalidades que señaló la Corte y las contradicciones entre los candidatos.

“Entre más juguemos con fuego, diciendo que no estamos de acuerdo, o que vamos a renegociar el acuerdo, el que sale perdiendo es Costa Rica, porque la calificación de riesgo país va a deteriorarse más. Parece ser que el cálculo político, es lo que está mandando en la Asamblea Legislativa”, dijo Daniel Suchar, analista financiero.