Catarsis tributaria

Rafael Luna [email protected] | Jueves 08 agosto, 2019

Con todo el respecto que me merece nuestra Asamblea Legislativa, me cuesta mucho creer que si quiera un solo diputado haya realmente entendido la estructura y mecánica que debe tener un moderno impuesto sobre la renta o sobre el valor agregado.

Si bien es cierto se introdujeron ciertos elementos de modernidad y de justicia tributaria, el proyecto era como atornillar partes de motor eléctrico en un Jeep Willis.

Es decir, introducir los elementos característicos de un IVA y Renta modernos, pero al mismo tiempo asentados en un andamiaje muy herrumbrado y completamente desfasado.

Y cuando se “medio” empezó a entender por dónde iban los tiros del proyecto y se introducían modificaciones que lo mejoraban, así como se iban asentando las aguas, de repente venían modificaciones y luego un texto sustitutivo y luego otro y otro y otro más.

Un proceso absurdo, como absurdo fue su resultado.

Los legisladores cometieron errores de bulto que han trastocado las bases mismas del sistema tributario y producirán muchas cosas que jamás se hubieran deseado.

¿De verdad el legislador tenía claro y deseaba eliminar los recién creados incentivos a los vehículos eléctricos o los paneles solares? ¿De verdad el legislador entendía la diferencia entre exención y no sujeción, así como sus implicaciones? ¿De verdad el legislador entendía que, en la ley de renta, el nuevo capítulo de rentas y ganancias del capital tomaba como base un modelo aplicable a las personas físicas, no a las jurídicas y que al incluir en ese régimen a las personas jurídicas mezclando peras con manzanas, se incurrían en una serie de contradicciones, lagunas y efectos ilógicos?

¿O podemos pretender que entendieran que las normas que se mal copiaron se basan en una estructura donde las personas físicas pagan un gravamen más alto que las personas jurídicas, es decir, todo lo contrario, a Costa Rica?

Y al igual que el impuesto de renta, el IVA es un impuesto que tiene muchas complejidades, no hay vuelta de hoja. ¡Pero increíblemente la discusión legislativa tristemente se limitaba al único fenómeno visible y medianamente entendible, la consabida tarifa!

Eso parecía lo único interesante sobre lo que se oía opinar a los diputados.

Sus floridas disquisiciones sobre justicia tributaria hacen que ahora tengamos tarifas de IVA del 0%, del 1%, del 2%, del 4%, del 8%, del 13%.

Y esto lleva a la famosa formula de “prorrata” que es un quebradero de cabeza. Solo faltaba pedirles que se incluyeran algún bien o servicio al 3% y al 5,4% o al 8,37%.

¿Sabían los diputados que con ese frondoso elenco de tarifas reducidas le hacían un flaco favor al contribuyente? ¿Sabían que si por ejemplo una universidad no cobra el IVA en el servicio educativo, pero tiene que soportar todo el nuevo IVA que le cobran sus proveedores, entonces tiene que asumirlo como costo y al final eso puede repercutir en el precio al estudiante?

¿O en general sabían que cualquier tarifa diferenciada no se traduce realmente en un menor costo al consumidor?

¿De verdad el legislador deseaba eliminarles el beneficio del IVA a entidades como el BANHVI encareciendo la vivienda de interés social, por solo dar un ejemplo de muchas docenas?

¿Tenían idea de la complicación, costos y litigiosidad que se avecinan por la extrema dificultad de la regla de prorrata en el IVA, en especial para cierto tipo de contribuyentes?

La historia no queda ahí.

Inevitablemente los reglamentos reflejan las propias pifias de la ley que regulan. Sobre eso también se avecina una extrema litigiosidad, es decir, todo lo contrario, a lo que se deseaba.

Se desperdició una oportunidad de oro para hacer algo bien hecho, debido a la superficialidad y falta de entendimiento de nuestros legisladores en materia de Hacienda Pública.

En resumen, se arreglaron unas cosas y se estropearon otras tantas.

Todo esto produce litigiosidad, costos innecesarios, falta de seguridad jurídica y sobre todo un terrible clima de incertidumbre empresarial, es decir todo lo contrario de lo que requiere una economía en cuidados intensivos como la de Costa Rica.

Desde luego que no ayuda que todo se haya juntado con la implementación de la factura digital.

Es urgente una interpretación auténtica de la Asamblea Legislativa que arregle por lo menos los errores conceptuales más graves de la ley, para que su reglamentación y aplicación tengan un grado mínimo de coherencia, cosa que, por el momento, desde luego no ocurre.

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