Claudio Alpízar: “Llamado que hace Rodrigo Chaves al promover protesta contra fiscal general transgrede varios límites”
Este martes ciudadanos pedirán la renuncia de Carlo Díaz al cargo
Esteban Arrieta [email protected] | Lunes 17 marzo, 2025 11:57 a. m.
El llamado que hace el presidente Rodrigo Chaves al promover una marcha que exija la renuncia del fiscal Carlo Díaz, representa “una clara transgresión de los límites democráticos” y una muestra de “irresponsabilidad” por parte de quien gobierna en un sistema que debe basarse en la separación de poderes, según Claudio Alpízar, analista y líder político del grupo Esperanza Nacional.
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Alpízar subraya que el fiscal general es elegido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que cualquier intento de removerlo del cargo debe seguir el proceso legal establecido.
“La potestad de relevar de sus funciones al fiscal general corresponde exclusivamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El llamado popular no solo es ilegítimo, sino que también refleja una falta de comprensión sobre cómo funciona el Estado costarricense, lo que pone en riesgo la solidez de la democracia en el país”, agregó Alpízar.
Desde una perspectiva política, Alpízar considera que el presidente está incurriendo en un acto de desinformación, explotando el descontento ciudadano sin educación política adecuada para guiar a sus seguidores.
“Es lamentable ver cómo alguien ejerce el poder ejecutivo sin conocer la estructura del Estado y cómo manipula la ignorancia de los ciudadanos para impulsar su agenda”, agregó.
Este conflicto no es nuevo, ya que el fiscal general ha sido uno de los más férreos opositores de Chaves.
Según el presidente, Díaz ha favorecido a su pareja a través de nombramientos irregulares y ha utilizado el poder del fiscal para ejercer persecución política contra su gobierno.
Estas tensiones se intensificaron cuando Chaves, durante una entrevista, acusó a Díaz de ser parte del “cáncer” que carcome al Poder Judicial y de ser responsable de una “impunidad” que afecta a los costarricenses.
Enemigo
El fiscal general lidera una investigación en contra del mandatario por el supuesto financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2022.
Se presume que el partido Progreso Social, que llevó a Chaves al poder en 2022, se benefició de dinero captado por dos estructuras paralelas que operaron al margen de la ley. Esto, sin el control partidario ni reportes mensuales de los donantes al TSE. De esta manera, la campaña pudo haber recibido dinero de empresas o extranjeros.
Al presidente Chaves se le menciona como posible responsable de cometer tres delitos electorales, incluido recaudar fondos sin autorización del TSE. Los dos fideicomisos sumaron más de ¢248 millones.
La creación de una estructura ilegal de financiamiento para campañas políticas podría llevar a los responsables a enfrentar penas de cárcel de entre dos y seis años, según establece el Código Electoral en los artículos 275 y 276.
