Costa Rica tendría que esperar hasta tres años para encontrar una solución en Crucitas

La extracción ilegal del oro en Crucitas se ha convertido en uno de los problemas más serios que tiene Costa Rica en este momento, según lo ha reconocido el presidente Rodrigo Chaves.

A pesar de que el gobierno ha implementado una serie de medidas para atender la seguridad, mejoras de carreteras y abastecimiento de agua para varias comunidades aledañas a Crucitas, un plan definitivo para atender la problemática del oro y la contaminación no ha podido ser implementado.

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¿Cuál es la razón? La solicitud de anulación al laudo internacional que había sido favorable para Costa Rica en el caso contra la empresa Infinito Gold y que ahora ha extendido la disputa del país por este tema.

El mandatario costarricense ha señalado que para ofrecer una estrategia final para el tema de la minería en Crucitas se debe conocer la decisión que se tomará sobre esta solicitud de anulación.

“Ustedes saben la frustración que tuve cuando se extendió el laudo, porque la única manera de arreglar eso es solucionando el tema del laudo, porque no puedo referirme al tema”, dijo Chaves recientemente en una conferencia posterior al Consejo de Gobierno.

Sin embargo, esto podría tardar en resolverse hasta unos tres años, de acuerdo con el proceso que se ha establecido por este caso.

“En diciembre de 2022 se estableció un calendario procesal, en el cual se indican los plazos para cada etapa del proceso de anulación. Este proceso, al igual que un arbitraje de inversión, consta de dos rondas de escritos, y de una audiencia. Luego, el Comité ad hoc analizará los argumentos de las partes y emitirá su decisión final. En total, el proceso podría tardar tres años aproximadamente”, indicó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) tras la consulta de LA REPÚBLICA.

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Comex tiene la competencia legal de ejercer la defensa de los intereses del país en temas de arbitrajes de inversión, para lo cual se contrata los servicios de una firma legal internacional experta en estos casos a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Para este caso específico, los encargados de la defensa de Costa Rica son Comex y la firma legal internacional Arnold & Porter.

¿Pero cuánto le cuesta esto al país? Las autoridades nacionales tendrán que desembolsar un total de $945 mil al finalizar este nuevo proceso.

“El costo total del proceso de anulación, que tendrá una extensión de tres años aproximadamente, será de $945.000. Este monto corresponde a los costos de la firma legal internacional, y se cancelarán una vez que el caso haya concluido”, explicó Comex.

En junio de 2021 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló en favor de Costa Rica el arbitraje internacional y evitó que el país tuviera que cancelar la indemnización solicitada por la empresa minera, que rondaba los $400 millones.

Desde Comex consideran que “en paralelo, y de manera independiente al proceso de anulación”, el gobierno puede avanzar con las acciones que estime pertinentes para el diseño de un plan remedial para la zona de Crucitas.

Incluso la Sala Constitucional ha solicitado al gobierno presentar este “Plan Remedial” que logre mitigar los daños ambientales que causa la minería ilegal realizada por cientos de coligalleros que utilizan sustancias tóxicas como mercurio para las labores de extracción del oro.

Las acciones realizadas por Seguridad Pública han permitido identificar 37 puntos de extracción ilegal, detener a coligalleros, incautar toneladas de mercurio, encontrar personas en condición migratoria irregular y patrullar más de 980 hectáreas de la finca Vivoyet de Cutris de San Carlos.