El nuevo contrato de concesión para los autobuses del AMSJ

Bernal Rodríguez

Presidente de CANABUS

En el marco de la modernización del transporte público en el Área Metropolitana de San José, el recientemente aprobado contrato de concesión para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús, representa un avance prometedor hacia la mejora y eficiencia del sistema. Por primera vez en este siglo, se cuenta con un contrato concesional que tiene la forma y el fondo adecuado, superando las anteriores versiones que resultaron ser ineficaces y ambiguas, generando inseguridad jurídica a los operadores.

Este contrato, que establece una serie de obligaciones y compromisos tanto para la concesionaria como para el concedente y ha sido diseñado con el objetivo de impulsar la calidad del servicio, la implementación de tecnologías innovadoras y la satisfacción de los usuarios. Sin embargo, es crucial que las promesas de "modernización del transporte", frase slogan mencionada durante años, se concrete finalmente en beneficios tangibles.

Una de las principales ventajas de este contrato de concesión es la promoción de la modernización del transporte público a través de la implementación de tecnologías avanzadas. La obligación de aceptar el pago electrónico, el desarrollo de subsistemas de monitoreo y control de operaciones, y la provisión de información al usuario, entre otros aspectos, tiene el potencial de garantizar una operación más eficiente y transparente del sistema de transporte. Como bien señaló Edward Deming, “en Dios confiamos, los demás traigan datos,” enfatizando la importancia de decisiones basadas en datos concretos.

Este contrato también fomenta la colaboración entre la concesionaria y el concedente para impulsar la modernización del transporte público. La participación activa de la concesionaria en proyectos relacionados, así como el respeto al equilibrio económico-financiero del contrato y la aceptación de decisiones operativas del concedente, son elementos fundamentales. Este punto es crucial, dada la reducción en la movilización de pasajeros durante la pandemia y la necesidad de ajustar el esquema operativo en términos de recorridos, frecuencias, flotas y horarios para alcanzar un nuevo equilibrio económico-financiero.

La supervisión y regulación por parte de entidades como el Consejo de Transporte Público (CTP), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) es otra ventaja significativa. Aunque en otras jurisdicciones la regulación del transporte se realiza de manera centralizada, en nuestro contexto, la regulación heterárquica ha mostrado ser viable y ha permitido la creación del sistema de pago electrónico. Sin embargo, una coordinación efectiva entre estas entidades será crucial para el éxito del proyecto.

Además, este contrato de concesión establece mecanismos para la evaluación y corrección de deficiencias en la calidad del servicio, lo que contribuirá a mantener altos estándares de operación y atención al usuario. La participación de Organismos de Inspección Tipo A, junto con la implementación de normas G20 y G21 acreditadas por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), garantiza la calidad y seguridad del servicio ofrecido.

En conclusión, el contrato de concesión para el servicio de transporte remunerado de personas en el Área Metropolitana de San José es un avance significativo en la ruta para la modernización del transporte público. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación efectiva de las tecnologías y regulaciones propuestas, así como de la colaboración y transparencia entre todas las partes involucradas. Será esencial evaluar continuamente los avances y hacer los ajustes necesarios para asegurar que el sistema de transporte público se torne más eficiente, seguro y centrado en las necesidades de los usuarios.