Extensión de vida útil para autobuses cuenta con amplio rechazo social

Los empresarios vinculados con el sector transporte han tenido suficiente tiempo para planear sus inversiones y renovar su flotilla, por lo que no se justifica extender la vida útil de los autobuses de 15 a 18 años, según ecologistas, consumidores y organizaciones de adultos mayores y discapacitados, quienes exigen seguridad, eficiencia y unidades modernas.

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Y es que, en caso de que se apruebe el proyecto de ley en el Congreso que impulsan los autobuseros, no solo se estaría poniendo en peligro a los usuarios del transporte público, sino que también se estaría siendo muy laxo con un sector que ha tenido casi tres décadas para adaptarse a la ley 7600 -en beneficio de las personas con discapacidad – y que no ha querido hacerlo.

Asimismo, se estaría perdiendo una oportunidad para empezar la transición eléctrica en el transporte público.

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“El sector empresarial autobusero ha contado con 26 años para garantizar condiciones de accesibilidad adecuadas en los autobuses; sin embargo, a la fecha aún seguimos esperando que estas disposiciones se cumplan a cabalidad, por lo que solicitar una nueva prórroga en la vida útil de los autobuses sin verificar el estado actual de estas unidades atenta contra nuestros derechos”, dijo un grupo de 55 organizaciones relacionadas con la protección de derechos de personas con discapacidad.

Mientras tanto, Silvia Rojas de la Asociación de Movilidad Eléctrica (Asomove), aseveró que Costa Rica se está quedando rezagada en la modernización del transporte público, en relación con otros países; además, de poner en riesgo a los usuarios, haciendo alusión a las dos unidades de bus que alzaron en llamas en las últimas cuatro semanas.

“Chile se prepara para recibir 992 autobuses eléctricos, modernos, limpios y confortables. En Costa Rica la Asamblea pretende hacer nuestros buses más viejos y contaminantes. América Latina ya suma 3.071. Costa Rica suma cero unidades”, dijo Rojas.

Como máximo, uno de cada de tres autobuses extendería su vida útil por tres años de aprobarse el proyecto de ley.

La iniciativa, que sería por una única vez, pretende darle alivio económico a los empresarios de este sector y con ello, evitar que más comunidades se queden sin el servicio.

A la fecha, hay 95 concesiones que se han devuelto al MOPT porque no son rentables, lo que significa que las rutas en cuestión quedaron al garete. Se trata de zonas rurales como Zapatón, Coyolar y varias de Limón, entre otras.

La idea, es que los empresarios tengan el tiempo suficiente para recuperarse de la pandemia y al mismo tiempo, hacer las inversiones que sean necesarias, dijo Silvia Bolaños de la Cámara Nacional de Transportes, quien advirtió de un paro técnico en enero.

“Hacemos un llamado a los señores diputados para que se pueda votar este proyecto, y le den la vía rápida”, dijo Bolaños.