La edad dorada (III)

Juan Antonio Vargas Guillén

Abogado jubilado

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Los distintos países del mundo han encontrado fórmulas más o menos inteligentes para solucionar el reto de la seguridad económica en la vejez, inteligencia que no se limita a atender solamente los aspectos técnico financieros al diseñar el modelo, sino algo muchísimo más complejo: la educación financiera de la población, la robustes institucional, la despolitización de tema, la solidez económica del país, la conciencia social de la población, la resistencia al cambio, la longevidad proyectada, entre otros factores.

La cuestión es cómo lograr los mejores indicadores para calificar dentro de los modelos ideales: 1. la cobertura de la población, 2. la suficiencia de la pensión individual, 3. sostenibilidad económica del modelo, y finalmente 4.- la gobernanza o la fortaleza institucional. Los mejores sistemas de pensiones del mundo son los europeos: Países Bajos, Islandia, Bélgica y Dinamarca, en los cuales la tasa de reemplazo, o sea el monto de la pensión en relación con el último salario percibido, es alrededor del 90%, sumando los beneficios solidarios y los ahorrados en forma individual.

Curiosamente estos países son pequeños en territorio y población, con un problema demográfico parecido al nuestro, pero todos tienen una diferencia sustantiva con nosotros: poseen una fuerte cultura de la planificación y solidaridad social, que se refleja en mejores condiciones económicas y gestión de los recursos, así como menores tasas de corrupción.

A partir de la década de los cuarentas del siglo pasado Costa Rica dio pasos gigantescos en ambos aspectos (solidaridad y planificación), pero después de poco más de tres décadas de éxito, este impulso fue disminuyendo hasta caer en un alto entrabamiento político e institucional, caímos en una zona de confort que nos está postrando en la mediocridad.

No existen grandes diferencias del diseño general de los diversos sistemas de pensiones del mundo: 1.- un sistema solidario original normalmente a cargo del Estado (régimen no contributivo o pilar 0), pero 2.- normalmente con aportes obligatorios obrero patronales (primer pilar o IVM en nuestro caso) donde los que trabajan y cotizan sostienen el pago de las pensiones actuales, 3.- un sistema más nuevo de aporte obligatorio proporcional a los ingresos del trabajador (segundo pilar) y 4.- una opción de pensiones más privadas o voluntarias (tercer pilar).

Mientras las cargas sociales sobre el salario de los trabajadores representan en el caso de Islandia y Holanda un 20%, en Bélgica un 16%, en Dinamarca un 13%, en el caso de Costa Rica llega a prácticamente un 40%, lo cual es un indicador de ineficiencia e ineficacia de nuestro sistema de protección social, reclamando una reestructuración urgente de dichas cargas para afrontar los retos de las pensiones y la robustez de la CCSS.

En los citados países el segundo pilar se constituye con el aporte obligatorio de patronos y trabajadores, cercano al 12% de los ingresos y además un gran aporte al tercer pilar voluntario por una cultura financiera más responsable, lo cual logra una combinación de pensiones que podrían hasta superar el 100% del salario de referencia. En nuestro caso, lejano de las mejores prácticas, el segundo pilar o ROP se constituye apenas con el 4,25% del salario reportado a la CCSS, por lo que se hace urgente fortalecerlo, de una manera paulatina, hasta llegar a la media ideal de al menos un 10%. Tampoco hemos promovido de la manera correcta la cultura financiera del ahorro para la vejez, como si lo hicieron aquellas naciones.

Debemos crear las condiciones de mejoramiento de la cobertura, estimulando desde la niñez una cultura de ahorro para obtener una vejez digna, promoviendo un esquema que integre un mayor aporte al ROP, como un incentivo para que los padres de familia inicien un aporte a las cuentas individuales de los menores desde esa temprana edad, y todo ello forme parte de una nueva educación financiera de nuestros habitantes.

La propuesta es aumentar la densidad de la cobertura, a saber, los años de cotización, para empezar a llenar los vacíos existentes de la disminuida fecundidad y de la lentitud de las reformas, aumentando el radio de soporte de los fondos, pero empezando desde tempranas edades escolares. Probablemente muchos de los padres de familia no tengan la cultura del ahorro para la vejez para sí mismos, pero les sería atractivo hacer la cobertura para sus hijos si estuvieran bien informados de las bondades de la rentabilidad generada por el interés compuesto, en plazos prolongados. Sería una mezcla entre el segundo y el tercero pilar.

Lo anterior permitirá fortalecer la sostenibilidad del régimen de Invalidez Vejez y Muerte, de modo tal que la solidaridad se pueda concentrar mejor en quienes la requieren y no en las personas que poseen mayor capacidad de ahorro. La fórmula es muy básica: recursos solidarios para las familias de menores ingresos y aportes proporcionales a los trabajadores de mayores ingresos y mayor posibilidad de ahorro propio, mediante un proceso paulatino, pero constante, que no afecte sustantivamente la situación económica actual de los ahorrantes.

Nuestro modelo posee todos los males por resolver: 1. grandes subsidios a las pensiones mayores, incluyendo las de lujo, con lo cual, 2. se debilita la solidaridad del régimen IVM y los fondos solidarios (RNC) con los trabajadores y familias de menores ingresos y 3- se genera un déficit cada vez mayor al régimen de IVM, 4. una cobertura deficitaria, donde el 60% de la población no estaría cubierta por una futura pensión, generando una cada vez más escaza credibilidad en el sistema y desigualdad social y, 5.- una débil gobernanza e institucionalidad que se evidencia, por ejemplo, con la imposición apresurada del modelo adoptado de fondos generacionales que, si no se tiene prudencia podría degradar lo logrado con la Ley de Protección al Trabajador.

No tenemos muchas opciones a la mano. Los tres primeros problemas se atenderían dándole sostenibilidad al régimen de IVM, al ir sacando paulatinamente a los trabajadores de mayores ingresos de su dependencia de este régimen e integrándolos cada vez más a un fondo de mayor aportación proporcional, a saber, un ROP cada vez más fortalecido, que integre a los llamados trabajadores independientes.

Al lado de esta medida de sostenibilidad hay que incorporar, mediante una nueva Ley, un esquema extraordinario de aportación del Estado, ampliando la cobertura, sin crear nuevos impuestos ni generar mayor estrés hacendario, sino adecuando el endeudamiento impago con la CCSS, para crear una nueva cobertura de casi un millón de personas jóvenes (quienes cursan la educación pública), para quienes se les creará una cuenta ROP juvenil a cambio de que los padres de familia aporten un mínimo al sistema de manera “voluntaria”.

Idealmente este esquema podría ser administrado por la operadora de pensiones de la CCSS, quien, a su vez, una vez fortalecida, debería administrar las inversiones de IVM, para que la CCSS se pueda concentrar más en temas de salud y seguridad social y no en asuntos puramente financieros. Este nuevo ahorro debe guardar las mismas condiciones de fiscalización de todo el resto del sistema, sin que sea aceptable el argumento de la autonomía constitucional de nuestra querida CCSS para sustraerse de las regulaciones universales y fiscalización de los fondos. Además, deberá crearse una reserva de inversión al IVM, para garantizar la sostenibilidad del modelo frente al acelerado descenso demográfico, garantizando así la pensión suficiente para los trabajadores de ingresos menores.

Para los segmentos poblaciones más vulnerables, como las mujeres jefes de hogar y otras personas en estado de pobreza, debe fortalecerse la intervención del IMAS, sufragando esta contraparte como prioridad institucional, para ello deben reestructurarse las cargas sociales existentes, para hacerlas más eficientes en relación con este objetivo de seguridad en la vejez.

El IMAS debe hacer los estudios para asignar las pensiones, pero la administración de los fondos debe realizarse por los entes especializados para mejorar su fiscalización y por tanto su eficiencia y eficacia. Para los estudiantes de educación privada el aporte será un porcentaje proporcional el pago de la matrícula respectiva y debe hacerse más ejecutivo el aporte de estos centros privados a las futuras pensiones de sus educadores y administrativos.

Con estas medidas podríamos pasar de una cobertura de un 40% actual a una que superaría el 90% de la población, quienes gozarían de una pensión más solidaria, combatiríamos la deserción escolar, le daríamos sostenibilidad al régimen de IVM, fomentaríamos un cambio en la cultura de consumo y ahorro de nuestros habitantes, en fin, podríamos lograr una robusta economía plateada, que nos permita despedirnos con dignidad en nuestra edad dorada.