Los colegios profesionales, el TCU y el acompañamiento a emprendedores

En los últimos años, una de las estadísticas que lamentablemente más se han dado a conocer en la escena del emprendimiento y las Pymes a nivel nacional es la del conocido “valle de la muerte”, la cual indicó en 2015 que cerca de un 80% de las pequeñas y medianas empresas en el país cierran definitivamente sus operaciones y salen del mercado antes de cumplir los tres años de haber sido creadas. Aunque existen muchas variables que pesan sobre la decisión de cerrar, como la difícil tramitología, regulación, y los altos impuestos o cargas sociales que se han discutido extensivamente, quizá de manera anecdótica por mis experiencias y trabajo, y viendo el hecho de que un 55% de las Pymes en América Latina cierran en sus primeros años debido a la falta de conocimiento, puedo afirmar que una razón de cierta importancia es la falta de capacitación a los emprendedores en sus primeros años en el mercado.

La falta de acompañamiento se da usualmente por la poca información con la que cuentan las Pymes con respecto a incubadoras y servicios de capital semilla, así como a las diferencias entre intereses de Pymes y dichas organizaciones debido a los modelos de negocios que ambos persiguen, y esto sin mencionar que ya sea por participación accionaria requerida por el servicio (como es el caso de la mayoría de incubadoras del sector privado) o por las tarifas de entrada a fases de desarrollo (en el caso de incubadoras universitarias como Auge) los costos del acompañamiento y capacitación pueden llegar a ser elevado para Pymes que a duras penas cierran cuentas para subsistir.

Aunque existe gran cantidad de incubadoras en el país, como Auge, Caricaco o EmprendeTec,

es común que difieran los intereses entre Pymes con las anteriores, o que las mismas Pymes sean incapaces de costear los servicios

Por lo anterior, es necesario desarrollar soluciones que permitan acompañamiento integral y de costos aceptables a las pequeñas y medianas empresas, y que a su vez aseguren el desarrollo humano y profesional de aquellos implicados en el acompañamiento y capacitación de las Pymes. Dos propuestas que han destacado han sido la de reformar el modelo de TCU para que este acepte y permita a estudiantes elegir proyectos diseñados para capacitar Pymes en los distintos aspectos que estas necesiten y que coincidan con la carrera del estudiante. Por otro lado, existe la opción de que los colegios profesionales incentiven a sus afiliados a dedicar ciertas horas pro-bono a emprendimientos en lo que necesiten del área del respectivo colegio profesional.

Para dar contexto, el Trabajo Comunal Universitario (TCU por sus siglas) es el conjunto de horas que, como requisito para la graduación y obtención del título -y como el nombre da a entender-, dedican los estudiantes de las universidades públicas y la mayoría de privadas a un determinado proyecto de servicio a la comunidad local a manera de devolver a dicha comunidad en la forma de contribución a su mejoramiento y desarrollo, ya sea a través de la misma universidad o de empresas u organizaciones no gubernamentales dedicadas a causas relacionadas con el desarrollo comunal en sus distintas facetas.

El trabajo comunal universitario se basa en la realización de diversos proyectos comunitarios a elegir y se extiende desde las 100 hasta las 300 horas según la institución.

Aunque cada universidad desarrolla de manera distinta sus modelos de trabajo comunal, se puede abrir espacio en algunas carreras de universidades públicas para que los alumnos tengan la capacidad de dedicar una parte de las horas de su TCU a ayudar y acompañar emprendimientos pequeños, para así asegurar un trabajo comunal variado que dote al estudiante de habilidades blandas, así como experiencia profesional y vivencias en los distintos niveles que permite la Universidad, y que a su vez ayude tanto a comunidades como a pequeñas empresas a crecer y mejorar continuamente.

Por otro lado, los colegios profesionales o gremios -de nuevo, como su nombre puede dar a entender- son aquellas asociaciones a las que los practicantes de una profesión determinada deben estar afiliados para llevar a cabo sus funciones en el mercado laboral de manera regular. Dado que uno de los objetivos de la existencia de colegios profesionales es el mejoramiento de la práctica en cuestión, se ha propuesto en distintas ocasiones que estas asociaciones incentiven o requieran a sus afiliados “adoptar” a manera de horas pro-bono (de la misma manera en que algunos colegios de abogados requieren cierto número de casos pro-bono al año) a un emprendimiento para darle acompañamiento y capacitación al mismo, de manera que los profesionales se desarrollen en su práctica, mejoren sus habilidades y adquieran experiencia en el proceso de ayudar emprendimientos que también requieren del conocimiento de personas establecidas en el mercado laboral.

En general, incentivar a los afiliados de colegios profesionales y permitir a estudiantes acompañar y capacitar Pymes como parte de sus horas pro-bono o trabajo comunal respectivamente son dos de las posibles soluciones que pueden colaborar a combatir estadísticas como la del “valle de la muerte” y por implicación casi directa, contribuir en cierta medida al déficit fiscal, aliviar el desempleo, la desalineación de habilidades y la consecuente falta de competitividad para así devolver a Costa Rica por el camino del buen vivir.