Necesitamos, además, establecer un límite constitucional al endeudamiento público y un límite porcentual máximo al déficit fiscal

Presupuesto 2016: un despropósito

Si el Presupuesto de 2015 es irresponsable: a) por haber sido aprobado en contra de la Constitución (así lo señaló la Sala IV); b) por los efectos de un gasto público desmesurado sobre el endeudamiento público; c) por el déficit fiscal (superior al 6% del PIB), y d) por las señales y efectos negativos que envió a la sociedad, el Presupuesto del próximo año (2016), representa un verdadero despropósito.
En efecto, el Presupuesto de 2016, dictaminado en la Comisión de Asuntos Hacendarios: a) mantiene el déficit fiscal sobre el 6% del PIB; b) aumenta los gastos de remuneraciones de los funcionarios y los servicios personales muy por encima de la inflación; c) rebaja sustancialmente los gastos de inversión (en carreteras, construcciones, vivienda, etc.), y d) baja el presupuesto de seguridad pública.
Por eso, aplaudimos la valentía de la presidenta de la comisión, la diputada del Partido Unidad (PUSC), Rosibel Ramos, quien fue la única que votó en contra de semejante despropósito.
Un déficit fiscal creciente significa seguir hipotecando el futuro de los costarricenses, no para invertir en obras y bienes públicos, sino fundamentalmente para gastos ordinarios e intereses.
Según la Cepal, entre el año 2013 y el 2015 Costa Rica tuvo un aumento muy desproporcionado de su deuda pública bruta del sector público no financiero (su crecimiento superó el 11%, mientras que el promedio de la América Latina apenas llegó al 1%).
El Presupuesto aprobado por cerca de 8 billones (millones de millones) de colones, aumenta los “gastos corrientes” del Gobierno Central en más de ¢300 mil millones respecto del presupuesto de este año y en más de 1,15 millones de millones respecto del gasto real del año pasado (más del 23% en dos años, cuando la inflación no superaría el 5% en ese mismo periodo); es decir, un aumento real cercano al 18%.
Por el contrario, el presupuesto de gastos de capital (carreteras, construcciones, equipamiento, vivienda, etc.), baja un 11%. Es decir, baja de ¢461.628 millones asignados para este año a menos de ¢410.000 millones en el Presupuesto de 2016. Habrá pues, ¢50.000 millones menos para inversión en 2016.
Algo parecido sucede con el presupuesto de seguridad pública, pues se rebaja en casi ¢19.000 millones (poco menos en la versión final), al pasar de un presupuesto de ¢234.167 millones, a poco más de ¢215.000 millones.
Soy consciente de que el problema fiscal transciende a esta Administración (¿será por eso que el PLN y el PAC se apuraron a aprobar este despropósito?), pero si no le ponemos límites a este, el país enfrentará serios problemas económicos y sociales. Necesitamos, además, establecer un límite constitucional al endeudamiento público y un límite porcentual máximo al déficit fiscal (así lo propuse en la Junta de Notables en 2013). Si no le zocamos la faja al gobierno, el gobierno nos la seguirá zocando a todos los demás… hasta ahorcarnos.

Rodolfo E. Piza Rocafort

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