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¿Quién responde por los guardas privados?

Carlos Denton [email protected] | Miércoles 12 diciembre, 2018

Frente a la incapacidad del gobierno de defender a los habitantes han aparecido cientos de empresas privadas que ofrecen el servicio de seguridad a empresas, viviendas y hasta barrios enteros. Ya se acostumbra ver a hombres y mujeres uniformadas y armadas en las entradas de los bancos, en los centros comerciales incluyendo los supermercados, operando “agujas” en barrios, cuidando a turistas en hoteles, y sentadas en pequeñas casetas (sin servicio sanitario) en la calle frente a casas de cierta categoría.

Existen unas pocas empresas de tamaño importante que están bien organizadas, financiadas y con pólizas que cubren riesgos, pero la mayoría de las operaciones de seguridad son micro o pequeñas empresas que pagan salarios mínimos (a veces menos), exigen largos horarios, y dan entrenamiento y supervisión mínimos. Peor aún, en muchos casos “arman” a lo que llaman “los oficiales” aunque estos no portan permisos y los revólveres no están registrados.

Los guardas realmente no “defienden” mucho, pero su mera presencia detiene a más de un ladrón o asaltante que, con buena lógica, decide que es mejor atacar donde no hay ninguna presencia que potencialmente pudiera causarle problemas.

La gran pregunta es si uno de estos guardas comete un crimen, realiza un hurto o se involucra en un percance donde hay disparos, ¿quién es responsable por sus actuaciones? En una empresa que cerró por vacaciones entre el 24 de diciembre y el 2 de enero un guarda pasó en la caseta hablando por teléfono con una “línea caliente” en Toronto con costos de $3.400. La empresa de seguridad respondió por esos costos. Pero en muchos casos no ocurre así porque la empresa que suministra los guardas no tiene los recursos ni los seguros vigentes para cubrir pérdidas mayores.

El principal sospechoso del homicidio de una turista estadounidense en Escazú es un guarda con arma, que llegó al país hace unos pocos meses y que no tiene permiso de trabajar. Si es encontrado culpable él pagará penalmente, pero ¿quién es responsable civilmente? ¿La empresa de seguridad? ¿El establecimiento que contrató el servicio de guardas?

Varios filósofos (Locke, Berkeley, Hume, como ejemplos) argumentan que el ser humano vive en la sociedad sobre todo para “protegerse.” La excepción fue el suizo Jean Jacques Rousseau que argumentaba que existía el “buen salvaje” y que la vida en la sociedad provocaba la violencia. Pero todos creían en el “contrato social” y un elemento básico es que una de las principales responsabilidades de un gobierno es la protección de los ciudadanos. En ese sentido está claro que el Gobierno de Costa Rica está fallando drásticamente. Si los ciudadanos tienen que sufragar los costos de su propia protección, ¿no deberían poder restar esos gastos de los impuestos que pagan?

Por el momento existe un sistema de “sálvese quien puede”. ¡Pobres turistas! Y ¡pobres los que no tienen dinero para pagar seguridad privada! Lo que salva la situación es el nivel cultural de los habitantes; afortunadamente el costarricense sigue siendo persona decente.

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