Recorte de salarios para empleados públicos tendría los 38 votos y muchas dudas de diputados

La ley de empleo público que se encuentra en su etapa final de debate en el Congreso, sería insuficiente para mitigar el déficit fiscal que arrastra el país, según reconocen diputados de la Unidad, Liberación y Nueva República.

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La iniciativa, que pretende ordenar los diferentes regímenes salariales y al mismo tiempo cortar el gasto en remuneraciones, sí tendría los 38 votos en el plenario para su avance en primer debate antes de que finalice el mes.

Sin embargo, las dudas sobre el proyecto de ley aún persisten entre las principales bancadas.

Por ejemplo, la iniciativa solo permitiría el ahorro de 1,3% del PIB al año, según María José Corrales, jefa de fracción de Liberación Nacional, lo cual, sería claramente insuficiente.

“El objetivo es que la iniciativa genere un impacto sobre el gasto en remuneraciones a través de la unificación del régimen salarial global (…). Este proyecto no es la solución al problema fiscal del país y se requiere mucho más, sobre todo en la agenda de proyectos de reactivación económica, que aborden el tema no solo del ahorro sino de cómo generamos más ingresos a partir de la generación de empleo y el crecimiento económico”, agregó Corrales.

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Mientras tanto, la bancada de Unidad fue más crítica al recordar que el plenario decidió dejar a todas las instituciones públicas en competencia fuera de la ley de empleo público.

De esta forma, la banca estatal y empresas como el ICE y el INS, podrán seguir rigiéndose de manera autónoma.

En ese sentido, la Unidad prevé posibles problemas de legalidad, ya que los diputados no aplicaron la ley para todos los empleados públicos.

“El proyecto presenta un avance por la introducción del esquema de salario global, no obstante, los efectos y beneficios podrían verse debilitados (…) El esquema de salario global debe de prever la posibilidad de trasladar a todos los funcionarios públicos, de otra forma, se podría exponer al Estado a una alta probabilidad de litigiosidad que costaría millones. Asimismo, el hecho de que no estén incorporadas las empresas públicas en competencia es un asunto que debe revisarse, en una ley marco de Empleo Público no se deben hacer exclusiones y debe de aplicar para todos”, dijo Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción de la Unidad.

Para Nueva República la amplitud de la reforma a los regímenes de salario complica las cosas.

Asimismo, existe temor de que una deficiente disciplina fiscal por parte del gobierno de turno dé al traste con los objetivos del proyecto.

Y es que uno de los elementos de la esta ley y la reforma fiscal, es facultar al gobierno para congelar el aumento por costo de vida a los empleados públicos, cuando el peso de la deuda supere el 70% del PIB tal y como sucede hoy en día.

En ese sentido, dependería de la voluntad política del gobierno para hacer cumplir la ley.

“Es un buen punto de inicio, el problema es muy grande y tenemos que tomar decisiones para hacer eficiente la función pública. El que no se hayan tomado acciones antes hace muy complicado el tema. La iniciativa ayudará, pero lo sabremos hasta que se implemente porque depende mucho de la disciplina pública y de acciones paralelas para sacar al país del colapso fiscal, presupuestario y económico que vivimos”, dijo Jonathan Prendas, legislador de Nueva República.