Revisión del Programa Macroeconómico y reactivación

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 29 julio, 2019

Bien se ha dicho, la desagradable noticia no fue sorpresa. Ya sabíamos que la economía crecerá menos este año de lo que en enero había proyectado el BCCR.

La disminución de un punto porcentual en el crecimiento del PIB representa que la producción aumentará una tercera parte menos de lo originalmente estimado por el ente monetario, y que la tasa de aumento ahora prevista de 2,2% es la más baja desde 1996 (23 años) con excepción de la caída de la producción en la gran recesión de 2009.

Además, la larga huelga de tres meses el año pasado, significó una disminución del crecimiento de 2018 en 0,4 puntos porcentuales. Si no se hubiese dado esa circunstancia, el crecimiento previsto por el BCCR para este año sería de solo 1,8%!!!

Bien se protege el BCCR en su estimación señalando que los riesgos a la baja de su proyección son mayores que las posibilidades de una mejora, y las estimaciones de entes independientes como Ecoanálisis desde hace varios días han indicado tasas menores a las que ahora indica el ente emisor (1,9%).

Con razón señala el BCCR que muchas de las causas de este deterioro económico no puede ser remediadas por las autoridades nacionales: precios internacionales de café y piña, efectos de las condiciones climáticas en la producción de banano, las condiciones políticas, económicas y sociales de Nicaragua.

Las causas del deterioro más afectables por políticas públicas son la disminución en la inversión del estado y las negativas expectativas de consumidores y de empresarios.

Cambiar las expectativas requiere un golpe de timón de la presente administración. Sé que el gobierno enfrenta dificultades y amenazas por la convulsa situación social en que se mezclan reclamos, unos pocos válidos, de educadores, estudiantes, traileros, médicos, pescadores, taxistas. Sé que esas amenazas limitan los grados de libertad y las posibilidades de acción de las autoridades.

En mi criterio, y reconozco que la lectura correcta de estos fenómenos sociales es muy incierta, ello obliga al gobierno a definir unas pocas acciones de cambio estructural que puedan romper la desconfianza en el futuro que mantiene amarrada la inversión privada y el consumo, principalmente de bienes de consumo duradero. Y dejar de lado otras políticas públicas que no sean de igual urgencia y que generan enemigos adicionales a las acciones gubernamentales

Se requiere de acciones dramáticas que produzcan un cambio real en las circunstancias, y puedan devolver la confianza a inversionistas y consumidores, especialmente en los campos agrícola, de comercio, de construcción y de industria dirigida al mercado interno y centroamericano, que son los sectores que están ya en recesión y que emplean más mano de obra poco calificada. Ejemplos de ese tipo de acciones son adherirse a la Alianza del Pacífico; restructurar las finanzas del ICE y vender algunos de sus activos para disminuir pasivos y poder bajar significativamente las tarifas eléctricas; y vender el BCR y el INS para hacer un fondo cuyos réditos se destinen a fortalecer la seguridad social apoyando el seguro de IVM y el seguro de enfermedad y maternidad de la CCSS.

Me preocupa en especial la caída en la inversión pública que se muestra no solo menor a la esperada a inicios de año, sino también menor a la de 2018 que ya había disminuido respecto a 2017. En 2018 cayó un 2,9%, ahora en la revisión del programa de este año el BCCR indica otra disminución de 4,3% y una aún mayor de 6,3% para 2020. Me preocupa porque ésta es la única variable directa con la cual puede el gobierno estimular la alicaída producción y generar empleo.

En este campo deberían centrarse todos los esfuerzos del gobierno y lo primero debiera ser una información concreta de los proyectos que se han atrasado, las causas de ese atraso, y las medidas concretas tomadas para acelerarlos indicando cuando se recuperará su ejecución.

Por otra parte las construcciones escolares y de vivienda popular se pueden acelerar muchísimo descentralizando su ejecución, apoyando a las juntas de educación en su administración y eliminado los obstáculos que se han venido acumulando y retrasan injustificadamente a las empresas constructoras de vivienda popular.

Además, ya el año entrante la deuda pública sobrepasará el 60% del PIB y la regla fiscal limitará a partir del 2021 también el gasto de inversión. Eso torna imprescindible, para resolver el problema de fondos, acelerar la adjudicación de concesiones para la ejecución de obra pública.

Toda la acción del gobierno debiera centrarse en estos campos.

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