¡Si no está roto, no lo arregles! CONESUP

Juan Ricardo Fernández Ramírez

Presidente

Asociación de Consumidores Libres

La Comisión de Asuntos Sociales tramita el expediente Nº 21.578, Reforma a la Ley del Consejo Nacional de Enseñanza Superior (CONESUP). El texto propuesto por la diputada León está colmado de buenas intenciones; sin embargo, podría tener consecuencias no previstas que generan más daño que bien.

En menos de 50 años, la educación privada superior ha tenido un papel importantísimo en el desarrollo nacional. Ha brindado acceso a quienes la educación pública no ha tenido capacidad de atender y sin ser una carga para el fisco, y ha ofrecido condiciones a miles de costarricenses para concluir sus estudios universitarios al tiempo que trabajaban y sacaban adelante a sus familias.

Hoy día existe una oferta muy variada de educación privada superior, que incluye sedes de universidades extranjeras de alta reputación en beneficio de nuestra población, a un precio asequible comparado con el mercado internacional y que además representan un elemento valioso en la atracción de estudiantes extranjeros a nuestro país, que contribuyen a la economía nacional.

La educación privada superior, según varios informes del Estado de la Nación, está aportando la mayor cantidad de profesionales al país. La evolución del sector ha sido muy positiva y aunque como todo hay elementos a mejorar, se considera que la actual redacción del proyecto de ley no aporta beneficios, y más bien representa una importante amenaza a su evolución.

Tenemos un país agobiado por exceso de regulación, burocracia y tramitología innecesaria que atentan contra el progreso nacional. La reforma a CONESUP podría ser una oportunidad para reducir plazos, tiempos de respuesta e incumplimientos sin responsabilidad alguna; sin embargo, esto no se atiende y más bien se agrava.

La propuesta incorpora serios problemas de gobernanza y conflicto de intereses al conformarse por representantes de las universidades públicas (que compiten con las privadas), Mideplan (que no aporta ningún conocimiento en el tema) y colegios profesionales. Además, podrá limitar la matrícula de estudiantes de las universidades privadas, lo que implica una odiosa intromisión entre el ciudadano que anhela ser profesional, y una institución dispuesta a ofrecerle la educación que desea.

El proyecto mantiene el serio error de considerar la educación superior privada como si fuera una concesión del Estado; además, agrava la situación al otorgar a CONESUP la potestad de imponer un modelo para fijar tarifas, lo que está en contra del principio de libre competencia consagrado en nuestra Constitución Política, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor e incluso los principios y obligaciones que asumió el país en su incorporación a la OCED.

Como si fuera poco, el proyecto plantea que el CONESUP tenga la potestad de cobrarle impuestos adicionales a las universidades para financiar su propia burocracia. Ya sabemos quienes van a terminar pagando esos costos: los estudiantes.

En términos generales, establece barreras de acceso, incrementos en costos que serán transferidos a los estudiantes, la burocratización de entidades privadas —limitando la innovación—, la actualización oportuna de las carreras y el posible cierre de sedes regionales. Además, es violatorio del derecho al acceso a la educación, en detrimento de todos como sociedad. Así las cosas, y como dice el dicho en inglés: if it ain’t broke, don’t fix it!