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Toda institución del Estado, incluidas las U públicas y el FEES deben ser fiscalizadas: José Álvaro Jenkins de la UCCAEP

Esteban Arrieta [email protected] | Viernes 02 diciembre, 2022 03:28 p. m.


José Álvaro Jenkins, presidente la UCCAEP. Archivo/La República.
José Álvaro Jenkins, presidente la UCCAEP. Archivo/La República.


José Álvaro Jenkins

Presidente

UCCAEP

Ninguna institución del Estado debería escapar de la fiscalización, con el objetivo de garantizar que los fondos públicos estén siendo bien utilizados, según José Álvaro Jenkins, presidente la UCCAEP.

En ese sentido, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), debe ser motivo de análisis.

Lea más: Proyecto de Rodrigo Chaves para regular el FEES es un "adefesio político", Rector de la UCR

Por otra parte, la vinculación de la academia con los gremios empresariales y las empresas es fundamental para garantizar que las personas que se gradúan de las universidades puedan emprender o incorporarse al mercado laboral.

¿Deben las universidades públicas permitir que el Estado a través de otras instituciones como el MEP y el Ministerio de Planificación fiscalicen el uso del FEES, o bien, hay que darles libertad absoluta para que dispongan del dinero?

Todo ente que reciba fondos públicos debe ser sujeto de fiscalización.

Las universidades públicas no escapan de esa excepción, todas deben estar bajo los principios de eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos.

Lea más: Gasto de U Públicas sería fiscalizado y medido por Contraloría para evitar despilfarro y abusos

Para ello, la Contraloría utiliza las herramientas que tiene a su disposición para que se garantice el mejor uso de los fondos en las universidades públicas.

Más que fiscalización, las universidades públicas deberían cumplir de manera proactiva, una serie de metas en materia de egresos a fin de que la formación de profesionales en diversas áreas vayan de la mano con la demanda del mercado laboral.

La vinculación de la academia con los gremios empresariales y las empresas es fundamental para garantizar que las personas que se gradúan de las universidades públicas puedan emprender e incorporarse al mercado laboral.


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