Uber llega a dos años sin resolver su estado en el país

A dos años de haber comenzado a rodar en las calles nacionales, Uber aún no logra establecer conversaciones con el Gobierno para que socios conductores y taxistas operen en el mismo ambiente.

Desde un principio representantes de esta plataforma han buscado regular su operación, como se ha realizado ya en más de 90 jurisdicciones internacionales donde se han creado leyes para la movilidad colaborativa, pero no han obtenido ningún resultado por parte del Gobierno.

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Lo más cercano que han estado los encargados de la operación de Uber de recibir una respuesta para operar bajo un marco legal, fue el proyecto de ley de Franklin Corella, diputado del Partido Acción Ciudadana, y la organización de foros de movilidad en el país.

La iniciativa del rojiamarillo pretendía ofrecer incentivos por el carpooling y el funcionamiento de aplicaciones móviles que vincularan choferes y usuarios.

Contrario a la buena relación que ha estrechado Uber en México y otros países de la región, en Costa Rica el Gobierno ha intensificado las medidas para castigar de alguna manera a la empresa, socios conductores y aliados estratégicos.

El 3 de agosto anterior el Gobierno reiteró que la plataforma Uber presta un servicio de transporte ilegal en el país, y en consecuencia se intensificarían los operativos para detectar a los choferes.

Seguida de esa manifestación el presidente Luis Guillermo Solís emitió una directriz en la que le pidió al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) ejercer las acciones legales que correspondan en relación con promociones y ofertas sobre servicios ilegales de transporte remunerado de personas que promueven diferentes empresas dentro del territorio.

En respuesta a la directriz, el 17 de agosto el MEIC envió una notificación al hotel Wyndham, en la que le ordena suspender una promoción en sus redes sociales en la que se vincula a la aplicación Uber.

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“En una democracia, como la que se vive en Costa Rica, el derecho a elegir es un pilar fundamental. Ante la posición del MEIC, la libertad empresarial se ve afectada al no poder ejercer un principio básico como son las promociones o la libre competencia, frenando así el avance de la economía del país”, recalcó Andrés Echandi, gerente general de Uber Centroamérica.

Uber se niega a cerrar sus operaciones basado en que no existe ninguna resolución emitida por autoridad competente o tribunal que indique que el servicio facilitado es ilegal.

La empresa cuenta con más de 16 mil conductores que prestan el servicio a medio millón de usuarios en el país, según datos de la plataforma.