Vender activos, recortar gasto y reducir alquileres es la receta para bajar la deuda al 55% para 2029 como lo pidió el FMI

Costa Rica asumió una serie de compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre ellos, reducir la deuda del gobierno como porcentaje del PIB al 55% para el año 2029.

Para alcanzar esa meta, el gobierno debe avanzar en una agenda que a simple vista no parece nada sencilla, de acuerdo a las recomendaciones del organismo internacional.

Reducir el gasto de alquileres del gobierno central por medio de un plan similar a Ciudad Gobierno, eliminar todos los gastos superfluos del presupuesto estatal y fomentar un mayor crecimiento económico son algunas de las tareas impostergables.

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Asimismo, urge que el gobierno tome la decisión de cerrar instituciones o vender activos del Estado, como podría ser el caso del Consejo Nacional de la Producción, la Fábrica Nacional de Licores y el BCR.

La receta también incluye la restricción del gasto estatal y cambiar deuda cara, con altos intereses y plazos largos, por empréstitos internacionales con mejores condiciones en cuanto a plazo y monto a pagar.

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A la fecha, e gobierno actual ha venido cumpliendo con los compromisos fiscales establecidos con el organismo internacional. Por ejemplo, se estimaba que, en 2025, la deuda alcanzaría el 61,1% del PIB; pero, se logró disminuir al 59,7% para finales del año pasado.

“Podemos decir que el gobierno va por muy buen camino. No obstante, se requieren cambios estructurales importantes para cumplir con ese porcentaje en 2029. Entre ellos, fomentar el crecimiento económico mediante políticas que generen más empleo y atraigan inversión extranjera directa, además de reducir los gastos innecesarios. Esto incluye la venta de activos como el Banco de Costa Rica y el Banco Internacional de Costa Rica”, aseguró Daniel Suchar, analista financiero.

A finales del año pasado, se logró un superávit primario del 1,3% del PIB a octubre, el tercero más alto de los últimos 19 años.

Este indicador mide la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno, excluyendo el pago de intereses. Sin embargo, al incluir los intereses, el déficit fiscal alcanzó el -2,9% del PIB, representando un deterioro de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el 2023 (-2,5% del PIB).

Es por ello, que el organismo instó a reducir gastos no prioritarios y aprobar cambios legislativos pendientes que mejoren la gestión de la deuda y reduzcan los costos del financiamiento fiscal.

La última evaluación del FMI destacó que “la capacidad de Costa Rica para reembolsar el dinero prestado es adecuada y que existe solidez gracias al historial de reformas aprobadas por las autoridades, un crecimiento robusto y reservas internacionales abundantes”.

“Lo más importante es que todos los gastos aprobados tengan una fuente de financiamiento, ya que históricamente ha habido un desorden en el que se crean programas o desembolsos sin saber de dónde se obtendrán los recursos”, afirmó Alberto Franco, economista de Ecoanálisis.

Actualmente, el FMI prevé un escenario fiscal pasivo, con un crecimiento moderado de la economía y los ingresos, gracias al cumplimiento de la regla fiscal y la vigilancia de Hacienda y el Congreso para evitar la aprobación de iniciativas que afecten las finanzas públicas.

“Las iniciativas que no cumplan con el principio de tener una fuente de financiamiento deberían rechazarse para minimizar el riesgo de deterioro en las finanzas públicas”, destacó Franco.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ha reconocido estas amenazas y señaló que “el principal riesgo fiscal es la Asamblea Legislativa, donde los diputados presentan proyectos que reducirían la recaudación”.

Para este año, Acosta recordó que el Presupuesto 2025 prevé que un 38% se financiará con deuda, un porcentaje menor al 50% habitual. No obstante, el incumplimiento del 8% para el rubro de educación fue declarado inconstitucional por la Sala IV, generando un debate sobre el tema.

El gobierno actual ha implementado medidas como el cambio de deuda cara por barata, la reducción del gasto público, la aplicación de la regla fiscal y el cobro del impuesto al valor agregado, lo que ha permitido alcanzar cifras fiscales positivas, excluyendo el pago de intereses.

Además, el ministro consideró "una aberración" que los diputados decidan el monto de endeudamiento del gobierno y urgió una reforma al artículo 121, inciso 15, de la Constitución Política para que los créditos de apoyo presupuestario y la emisión de títulos valores en el mercado internacional no requieran aval legislativo.

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