Pilar Cisneros: ¿Qué sigue, que me planten cocaína, que me planten dinero?
Justicia en Costa Rica es claramente selectiva, de acuerdo con la diputada de Progreso Social
Esteban Arrieta [email protected] | Jueves 26 septiembre, 2024 07:53 a. m.
La justicia en Costa Rica es absolutamente selectiva, de acuerdo con Pilar Cisneros, jefa de fracción de Progreso Social Democrático y representante del gobierno en la Asamblea Legislativa.
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“¿Qué es lo que sigue? ¿Que me allanen mi casa? ¿Que me allanen a mí la mía? ¿Que me agarren en el carro y me siembren ahí cocaína o que me siembren dinero? No sé, no sé qué es lo que sigue. Porque si ya se atreven a dar ese paso, ¿quién dice que no se va a atrever a dar otro?”, dijo Cisneros al medio El Mundo.
La diputada se refería de esta manera al caso Barrenador, que explotó el lunes anterior con 27 allanamientos en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la detención de Marta Esquivel, presidenta de la institución.
Para la legisladora, ella es testigo del trabajo incansable de Esquivel, pero aclaró que si hay algo anómalo cada palo debe aguantar su vela.
“Yo he sido testigo de la lucha inquebrantable de doña Marta en la Caja (…) Por supuesto, hay que meter las manos en las entrañas de todas las decisiones que ha tomado la Junta Directiva, de todas. Y si al final se llega a la conclusión de que hubo algo irregular, que cada palo aguante su pena. Esta es una administración absolutamente transparente y nosotros queremos desenmascarar a los corruptos, estén donde estén”, dijo Cisneros.
Por un presunto sobreprecio de un 33% en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebáis, la fiscalía detuvo a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS, este lunes.
La acción de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción incluyó allanamientos en la sede central de la CCSS, casas de habitación, cooperativas y oficinas por los presuntos delitos de Influencia en contra de la Hacienda Pública y Tráfico de Influencias.
Se confirmaron 8 detenciones. Se trata de altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS.
“De acuerdo con el informe preliminar, la investigación habría dado inicio a principios del 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y a su vez realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Ebáis del país”, dijo el OIJ.
La decisión implicaría un perjuicio económico para la CCSS de más de ¢12 mil millones al año, según la fiscalía.
