No podemos culpar a Sandra Pisk por no recordar que la Reforma Procesal Laboral fue votada por todos los diputados liberacionistas

Recordando antes de Navidad

Hoy lunes 22 de diciembre, ¿quién leerá el periódico? Ojearlo, sí, pero ¿detenerse en algún artículo que no hable de la Navidad? ¿Ponerle atención a una noticia que no abogue por la paz, el amor y la solidaridad de estas fechas? ¿Dedicar unos minutos a un suceso negativo nacional o internacional? No, ¿verdad?
Estamos sumergidos en esta dimensión decembrina de fiestas, abrigos, luces y regalos. No queremos que nada empañe la efímera dicha que disfrutamos. Por eso tratamos de olvidar hechos, momentos, palabras, situaciones del (casi) año pasado.
No podemos entonces culpar a doña Sandra Pisk por no recordar que la Reforma Procesal Laboral fue votada por todos los diputados liberacionistas en 2012 y aplaudida por ella como jerarca de Trabajo. Sí, tampoco olvidemos que días después de la segunda votación legislativa, doña Laura vetó la ley.
El 2005 es el pasado lejano: es lógico que nadie recuerda que el proyecto fue entregado por don Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a don Abel Pacheco, presidente de la República en agosto de ese año.
El documento fue elaborado con la colaboración de la OIT, que fomentó el diálogo entre todos los sectores involucrados, del Gobierno de Canadá, que ofreció ayuda económica para el proceso y del Poder Judicial, máxima autoridad en la interpretación de las leyes.
¿Se les habrá olvidado a los señores magistrados revisar la Constitución? Porque la presidenta Chinchilla encontró en el proyecto dos temas “inconstitucionales e inoportunos” (sic). Autoproclamándose valiente por reconocer su error canceló la reforma. Su acción fue acuerpada por la señora Pisk quien una semana antes apoyaba la idea. Seguro se le había olvidado leer con cuidado el documento.
No sé si ustedes ya comieron los tamales necesarios como para olvidar el gran revuelo que causó el levantamiento del veto a la polémica ley. Los detractores del presidente Solís le recordaron hasta a sus ancestros y trataron de asustar a la población con algunos argumentos medio dudosos.
Por ejemplo que la ley va a permitir las huelgas en los servicios públicos como hospitales, puertos, transporte, distribución de combustible… ¿Las va a permitir? O sea, ¿antes estaban prohibidas? ¿Eran ilegales?
Si hacemos memoria recordaremos las huelgas del sector salud, las colas en las bombas de gasolina cuando había paro entre los distribuidores, y la inolvidable, por reciente, larga y cuestionable, huelga portuaria en el Atlántico.
Antes, o sea siempre, todos los gobiernos han negociado con los trabajadores en huelga y, aunque esta sea ilegal, no han tomado acciones (al menos públicas) contra ningún empleado.
Hay que recordar que el Código de Trabajo data de 1943 y, aunque fundamental para los derechos laborales, requiere una revisión (que ya fue realizada hace casi diez años) y una reforma que agilice los juicios, evite la discriminación y regule las negociaciones ante los desacuerdos.
Hoy muchos habrán olvidado este conflicto y apenas si recordarán la histórica noticia del restablecimiento de las relaciones Estados Unidos-Cuba. Tema para otro artículo.

Claudia Barrionuevo
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