Un país fracturado

Ennio Rodríguez [email protected] | Martes 19 septiembre, 2017

Un país fracturado

Tenemos un país fracturado. Las causas de las fracturas son múltiples, por lo que se requiere un ataque en múltiples frentes a partir de un solo postulado: la búsqueda del bien común. Argumento que la profundidad de las reformas, capaces de lanzarnos en la dirección de un país desarrollado y solidario, en realidad constituyen una refundación nacional, un nuevo pacto social que deje atrás las múltiples facturas y construya la sociedad del siglo XXI.

Tanto el análisis de la lucha de clases y su enemigo inventado: el neoliberalismo, como el otro enemigo inventado: el Estado, de parte de quienes ven la raíz de todos males en las intervenciones públicas, fallan en método y objeto al desdeñar el análisis científico de la realidad. Ninguno ofrece un análisis sensato de la realidad en sus complejidades multicausales, plantean soluciones que no se corresponden con la realidad y que, por lo tanto, nos alejarían del bien común.

Tenemos un país fracturado y un Estado disfuncional en términos de generar las políticas públicas y los mecanismos de concertación para construir los puentes y los acuerdos para sanar las fracturas. También debemos tener presente que un país fracturado puede ser presa de planteamientos populistas de izquierda o de derecha que ofrecen soluciones mágicas (respuestas simplistas a problemas complejos), pero que, en realidad, manipulan las emociones, fruto del descontento popular, para atraer hacia un líder mesiánico. Ante esta amenaza es impostergable enfrentar las fracturas, muchas de ellas, por décadas relegadas.

En un artículo periodístico es imposible profundizar en las fracturas de la sociedad costarricense y plantear los caminos de sus soluciones, por lo que, con el perdón de los amables lectores, no podré pasar de un listado no exhaustivo de las principales facturas y desafíos y un listado de los elementos de mayor peso de una agenda de refundación nacional.

Somos un país crecientemente desigual: concentración de ingresos, desigualdad de ingresos entre el sector público y el privado, desigualdades dentro del sector público (autónomas versus Gobierno Central), desigualdades entre el IVM y los sistemas de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, desigualdad geográfica (conforme más lejanía a la GAM, aumentan la pobreza y la desigualdad), desigualdad de género y desigualdad etaria (sufren más jóvenes y adultos mayores), entre otras. En fin, la desigualdad creciente a nivel general tiene una cantidad de variantes y matices que determinan grupos de mayor vulnerabilidad debido a un cúmulo de razones.

Tenemos una cantidad creciente de familias en condición de pobreza y vulnerabilidad (porcentajes estables de una población en aumento). Según estudios de la CEPAL, para disminuir la probabilidad de ser pobres, las personas en América Latina deben, al menos, concluir secundaria (un año adicional deseable en Costa Rica). Sin embargo, más de la mitad de los muchachos no termina la secundaria y casi dos millones y medio de personas no terminaron secundaria. Las fallas del sistema educativo lo convierten en una fábrica de pobreza.

El sector productivo es presa de múltiples dualidades: las empresas exportadoras y las grandes que venden en el mercado nacional tienen niveles de productividad muy superiores a las pymes que venden en el mercado nacional; el sector agropecuario está fracturado entre un sector tradicional de bajísima productividad y vulnerabilidad al clima y los sectores exportadores y grandes; y la dualidad de mayores consecuencias, el sector formal y un enorme sector informal (45%), que no cumple normativas laborales, cargas sociales, ambientales etc.

En el muy corto plazo, el país deberá realizar una reforma fiscal integral antes de incurrir en una crisis de pagos, de lo cual tuvimos ya los primeros atisbos. Un Estado capturado por grupos de presión (tanto del lado del gasto como de los ingresos), necesita que los partidos políticos se eleven por encima del cálculo electoral oportunista y avancen en una reforma inevitable antes de caer al precipicio. La deuda en infraestructura ha sido una de las víctimas del impasse fiscal (además de la falta de visión en el manejo de las concesiones).

En definitiva, en un marco de violencia creciente en un territorio azotado por la presencia cada vez mayor del crimen organizado internacional debemos plantearnos una agenda de refundación nacional que incluya, al menos: una reforma fiscal integral; un ataque frontal a todas las causas de la desigualdad; una educación de calidad para todos, con énfasis en los infantes y las personas que no terminaron secundaria; promover la agricultura de precisión para todos; disminuir el sector informal; una estrategia de clústeres a partir de los encadenamientos productivos; una estrategia de seguridad a partir de la prevención social; y un gobierno digital capaz de implementar políticas públicas de Estado multisectoriales, entre otros. Y, en definitiva, una convocatoria a una asamblea constituyente que revise nuestro modelo presidencialista en crisis ante el multipartidismo y la disfuncionalidad del régimen de autonomía y desconcentración máxima. Cabe mencionar que el Acuerdo Nacional fue un esfuerzo importante en la dirección señalada.

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