Democracia y paz en América Central

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 16 julio, 2018

Democracia y paz en América Central

La terrible violencia en nuestro Istmo de los años ochenta terminó, no porque los gobiernos sofocaran las insurrecciones con la visión de la doctrina de seguridad nacional de Nixon sino porque se avanzó en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá a establecer gobiernos democráticos con los cuales llegó la paz.

No fueron los ejércitos luchando contra las guerrillas en medio de la lucha contra la subversión comunista alentada por la Unión Soviética, los que impusieron la paz. Fueron los gobiernos democráticos que fueron resultando electos: en El Salvador, el presidente Napoleón Duarte; en Guatemala, el presidente Vinicio Cerezo; en Panamá, la coalición del presidente Guillermo Endara y los vicepresidentes Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, y en Nicaragua, Violeta Chamorro

Esta conquista, como lo enseñó muchas veces el recordado y querido Ricardo Arias Calderón, fue un aporte intelectual que desde la década de 1970 vinieron promoviendo pensadores socialcristianos, encabezados por el gran venezolano Arístides Calvani, apóstol de la democracia que perdió su vida en un accidente aéreo sobre la selva de Guatemala.

Con la llegada de la democracia a El Salvador y Guatemala se fortalecieron las posibilidades de su construcción en Panamá y Nicaragua, y sobre las frágiles democracias que se establecieron se hizo posible el fin de las guerras en el Istmo.

Claro que esto en nada desmerece el innegable mérito del presidente Óscar Arias por su Plan de Paz, pero es un antecedente histórico y conceptual que debemos hoy recordar.

Debemos recordarlo porque asistimos a la aceleración vertiginosa de un proceso de destrucción de la democracia en Nicaragua que se viene dando desde la primera década de este siglo: acuerdos entre partidos para promover la impunidad, acciones desde el gobierno para debilitar a las instituciones y a la independencia de los poderes del Estado, imposibilitar la acción a los partidos de oposición, arrebatar sus funciones a parlamentarios opositores… y hoy brutal represión, abierta violación de los derechos humanos y genocidio.

El Reporte del 21 de junio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es preciso en la documentación de las gravísimas violaciones a la vida, la libertad y otros derechos humanos de los nicaragüenses perpetradas por el régimen del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Y desde entonces los asesinatos, lesiones, encarcelamientos injustificados, desapariciones y tomas de tierras cometidos por fuerzas policiales y parapoliciales han continuado elevando las muertes a más de 264 según los informes de la CIDH del 11 de julio. Eso no requiere más demostración.

Por otra parte, han resultado hasta ahora infructuosas las gestiones de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, de la sociedad civil nicaragüense y del Secretario General de la OEA para poner fin al genocidio que continúa ejecutando el Gobierno de Nicaragua, con un acuerdo para adelantar a los primeros meses del año entrante las elecciones y que sea el pueblo soberano quien resuelva los diferendos. El presidente Ortega el pasado 7 de julio rechazó esa posibilidad, y se sigue negando a poner coto a la policía y a las turbas que con contumacia continúan asesinando, hiriendo y encarcelando a los ciudadanos que se manifiestan en contra del régimen.

Las declaraciones del Sr. Secretario designado de Relaciones Exteriores por el Presidente Electo de México de que cambiarán la política de defensa del derecho humano a la democracia por un apego a rajatabla del principio de no intervención, con referencia explícita a los casos de Venezuela y México, señalan un debilitamiento futuro de la posición del Grupo de Lima y de la defensa Latinoamericana de la democracia.

Es de temer que si se consolida la destrucción de la democracia en Nicaragua, la paz que con base en ella se construyó en América Central se vea amenazada. Serían terribles las consecuencias de una nueva guerra interna en Nicaragua —no solo para el bienestar de nuestros hermanos nicaragüenses— sino también para todos los centroamericanos.

La continuidad de la dictadura del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo en nuestro vecino del Norte y un enfrentamiento armado en ese país, fácilmente podrían originar conflictos bélicos en otras naciones vecinas.

Además, esa circunstancia y el gran desempleo que se originaría adicional al que los conflictos ya producen en Nicaragua (se estima ya en 250 mil desempleos), provocarían movimientos migratorios hacia Costa Rica y Panamá y hacia México y EE.UU., que podrían ser muy masivos y de muy difícil asimilación por las naciones receptoras.

Se interrumpiría de manera aún más grave que la que ya se da, la posibilidad del comercio entre los países de nuestro Istmo. Debemos recordar que Costa Rica dirige un 23% de sus exportaciones a Centroamérica, y que las industrias que dan origen a esa exportación generan una buena proporción del trabajo formal con calificación intermedia, que es un sector que sufre gran desempleo.

Un Istmo sufriendo violentos conflictos y grandes migraciones nos afectaría ahuyentando el turismo y la inversión extranjera, nos obligaría a gastos adicionales frente a los inmigrantes y pospondría los emprendimientos de los propios costarricenses, afectando seriamente nuestro bienestar social y el crecimiento económico.

No solo por la hermandad con los nicaragüenses que pagan con su vida y con enormes privaciones su situación política, sino también para defender los intereses propios de los costarricenses, estamos llamados a actuar con inteligencia, valentía y visión de futuro frente al oprobio que viven nuestros vecinos.

Todos debemos cooperar. Gobierno, iglesias, sociedad civil y ciudadanos. La hora nos exige dar lo mejor de que somos capaces.

El Gobierno, previsoramente preparándose para esos posibles escenarios negativos, e influyendo internacionalmente a nivel centroamericano, continental, europeo y mundial para buscar un acuerdo que permita la democracia y la paz en Nicaragua.

Las Iglesias, promoviendo en sus feligreses compasión, fraternidad y apoyo para nuestros hermanos que en Nicaragua sufren y evitando el surgimiento de sentimientos xenófobos y más bien alentando dar buena acogida a los refugiados.

La sociedad civil (cámaras, sindicatos, asociaciones, academia), alertando a los homólogos de América Central sobre los riesgos y concertando con ellos acciones para evitarlos.

Y cada uno de nosotros actuando apegados al mandamiento de amar al prójimo.

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