Público versus privado

Público versus privado

No. No tengo ganas de hablar de cómo a partir de la existencia de Internet y las redes sociales lo privado y lo público se han traslapado. El tema aburre.
Podría hablar de las diferencias entre la educación privada y la pública desde la primaria hasta la superior y de cómo han cambiado en los últimos 50 años. El tema se las trae.
Sin embargo, no es de estos campos privados y públicos de los que quiero hablar.
El pasado miércoles los ministros de Hacienda, Trabajo y Planificación presentaron un proyecto para disminuir los gastos de los empleados públicos. La justificación parece ser más que válida: siguiendo el esquema de pagos establecidos dentro de cuatro años el 60% del presupuesto estatal se invertirá en salarios; los privilegios para los empleados del Estado son muchos (sobre todo si los comparamos con la terrible realidad de los trabajadores de empresas privadas en los oficios más básicos), las desigualdades salariales son enormes entre los altos mandos de algunas instituciones (hay gerentes que ganan cinco veces más que otros aunque tengan los mismos atestados).
Entonces: la realidad de los empleados públicos no es la misma entre ellos y menos aún con relación a los que laboran para una empresa privada.
¿Cuántas veces puede incapacitarse la cajera de un supermercado antes que la echen? ¿Cuántos trabajadores aceptan un contrato de servicios profesionales (aunque no sea legal) con tal de tener un ingreso? ¿Cuáles son las diferencias entre los derechos laborales de un empleado público y uno privado? ¿Se equiparan los salarios entre trabajadores de un mismo estatus en todas las instancias?
Existen muchos empleados públicos que laboran a conciencia. Nos los encontramos en muchas instituciones y nos ayudan a solucionar nuestros problemas con la burocracia estatal que a todos abruma. También, a veces, debemos enfrentarnos con los que están allí solo para ganarse un salario, para pensionarse rápido, para pasar la vida sin las dificultades que les planteamos y que les dan mucha pereza.
Por eso, cada vez que algún gobierno ofrece la movilidad voluntaria para disminuir la planilla de alguna institución, corremos el riego que se vayan los mejores. Los más capacitados, que pueden obtener ingresos similares en el campo privado; los más conscientes, que solo se incapacitan cuando es en verdad necesario; los más conocedores, que serán reemplazados por novatos sin experiencia.
Obviamente que para sobrevivir económicamente hay que recortar gastos. Como lo hacemos en casa: seleccionamos primero lo indispensable (de acuerdo con el sentido común), luego lo prioritario (según nuestros valores) y dejamos de último los lujos… o lo inútil.
El Estado debería tener criterios similares a la hora de disminuir los gastos. No decir “el que se quiera ir que se vaya” sino decidir quiénes son indispensables y prioritarios y quiénes un lujo… o inútiles.
Recortar por recortar sin establecer prioridades puede tener consecuencias catastróficas. Igual en casa que en el país.

Claudia Barrionuevo
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